Cargill Maíz, 2008

enlace propuesto por Isadora Hastings.

La trasnacional ya fue beneficiada con la crisis de la tortilla en 2006, señalan campesinos.

Cargill ganará $1,221.5 millones en seis meses por subsidios del gobierno al maíz.

■ Productores agrupados en la CNC denuncian que les fueron retirados apoyos federales

Matilde Pérez U.

Con el subsidio que el gobierno federal otorgará a las comercializadoras de maíz de 625 pesos por tonelada y el aumento mensual del grano, Cargill tendrá una ganancia en seis meses de mil 221.5 millones de pesos, ya que adquirió 900 mil toneladas del grano mediante la agricultura por contrato.

Tres días antes del anuncio presidencial de las llamadas acciones para proteger la economía familiar (25 de mayo, 2008) en reunión privada en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el secretario técnico del gabinete económico de la Presidencia, Felipe Duarte Olvera; los subsecretarios de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rocío Ruiz, y de Agricultura de Sagarpa, Francisco López Tostado, y la directora de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) Graciela Aguilar, acordaron el incremento gradual a la tonelada de maíz para garantizar el abasto del grano para el valle de México y evitar un disparo de precios de la tortilla.

Allí, esos representantes acordaron con las comercializadoras Cargill, Archer Daniels Midland, Minsa, Maseca, Distribuidora Fortimex, Suministros de Maíz del Mayab (Sumasa), Columbia, Intergranos de México, Consultoría de Mercados, entre otras, que a partir de este mes haya un incremento gradual de la tonelada del grano, que se inicia con un precio de 3 mil 450 pesos y cerrará en noviembre en 3 mil 950 pesos, aunque a los campesinos recibieron entre 2 mil 700 y 2 mil 800 pesos por tonelada bajo el esquema de agricultura por contrato.

El acuerdo con las comercializadoras establece que a los apoyos de 185 pesos por pignoración de cosechas, 190 pesos por flete y 150 pesos por 50 por ciento correspondiente a la prima de las compras, se le sumarán 100 pesos más por anticipado.

Dirigentes campesinos recordaron que el año pasado, en la llamada crisis de la tortilla, el gobierno favoreció a Cargill con casi 14 millones de pesos, aunque la empresa lo negó; lo cierto es que la trasnacional domina 70 por ciento del mercado nacional, apuntaron.

Fondo aprobado por el Congreso

Productores de sorgo, trigo, soya, cebada y maíz de la Confederación Nacional Campesina denunciaron que el gobierno federal retiró los apoyos a los campesinos para la comercialización y puntualizaron que los 20 mil millones de pesos anunciados por el Ejecutivo para crédito, maquinaria y fertilizantes corresponden a los aprobados por el Congreso para el programa activos 2008 de Sagarpa.

Juan Báez, líder de la Unión Nacional de Productores de Sorgo, dijo que la cancelación de los apoyos a la comercialización para los campesinos, equivalentes a 300 pesos por tonelada respecto del precio internacional, dejará sin cobertura a 5 millones de toneladas de sorgo, de las cuales 40 por ciento se producen en Tamaulipas por 200 mil campesinos.

Agregó que las acciones anunciadas no contienen nuevos financiamientos, sino “un movimiento de una bolsa a otra, lo que resulta en una burla a la población y a los campesinos, quienes estamos de acuerdo en que se acabe con la pobreza en las zonas marginadas, pero no a costa de que el gobierno haga más pobres a otros”.

El dirigente de la Central Campesina Independiente, Rafael Galindo Jaime, demandó al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, que aclare en qué bolsa están los excedentes petroleros, ya que el precio del petróleo en el primer trimestre aumentó 40 por ciento por encima de la cotización de referencia.

Cómo fabricar una crisis global*

Walden Bello** /I

enlace sugerido por Isadora Hastings

Cuando cientos de miles de personas se manifestaron en México el año pasado contra un incremento al precio de la tortilla, muchos analistas culparon a los biocombustibles. A causa de los subsidios del gobierno estadunidense, los granjeros de ese país dedicaban más hectáreas al maíz para etanol que para alimento, lo cual disparó los precios. Esta desviación del uso del maíz fue sin duda una causa de la elevación de precios, aunque probablemente la especulación de intermediarios con la demanda de biocumbustible tuvo mayor influencia. Sin embargo, a muchos se les escapó una pregunta interesante: ¿cómo es que los mexicanos, que viven en la tierra donde se domesticó el maíz, han llegado a depender del grano estadunidense?

La erosión de la agricultura mexicana

No puede entenderse la crisis alimentaria mexicana sin considerar que en los años anteriores a la crisis de la tortilla la patria del maíz fue convertida en una economía importadora de ese grano por las políticas de “libre mercado” promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y Washington. El proceso comenzó con la crisis de deuda de principios de la década de 1980. México, uno de los dos mayores deudores del mundo en desarrollo, fue obligado a implorar dinero del banco y del FMI para pagar el servicio de su deuda con bancos comerciales internacionales. El precio de un rescate fue lo que un miembro del consejo ejecutivo del BM describió como “intervencionismo sin precedente”, diseñado para eliminar aranceles, reglamentaciones estatales e instituciones gubernamentales de apoyo, que la doctrina neoliberal identificaba como barreras a la eficiencia económica.

El pago de intereses se elevó de 19 por ciento del gasto federal total en 1982 a 57 por ciento en 1988, en tanto el gasto de capital se derrumbó de 19.3 a 4.4 por ciento. La contracción del gasto gubernamental se tradujo en el desmantelamiento del crédito estatal, de los insumos agrícolas subsidiados por el gobierno, los apoyos de precio, los consejos estatales de comercialización y los servicios de extensión.

Este golpe a la agricultura campesina fue seguido por uno aún mayor en 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Aunque dicho tratado consideraba una prórroga de 15 años a la protección de productos agrícolas, entre ellos el maíz, pronto comenzó a fluir maíz estadunidense altamente subsidiado, lo cual redujo los precios a la mitad y hundió al sector maicero en una crisis crónica. En gran medida a causa de ese acuerdo, México se ha consolidado como importador neto de alimentos.

Con el cierre de la entidad gubernamental comercializadora de maíz, la distribución de importaciones maiceras de Estados Unidos y del grano nacional ha sido monopolizada por unas cuantas comercializadoras trasnacionales, como Cargill. Eso les ha dado tremendo poder para especular con las tendencias del mercado, de modo que pueden manipular y magnificar muchas veces los movimientos de demanda de biocombustibles. Al mismo tiempo, el control monopólico del comercio doméstico ha asegurado que una elevación en los precios internacionales del maíz no se traduzca en precios significativamente más altos a pagar a los pequeños productores.

Cada vez resulta más difícil a los productores mexicanos de maíz eludir el destino de muchos otros pequeños productores en sectores como arroz, carne de res, pollo y cerdo, quienes se han venido abajo por las ventajas concedidas por el TLCAN a los productos subsidiados estadunidenses. Según un informe del Fondo Carnegie de 2003, las importaciones agrícolas de EU han dejado sin trabajo a 1.3 millones de campesinos, muchos de los cuales han emigrado al país del norte.

Las perspectivas no son buenas, pues el gobierno mexicano continúa en manos de neoliberales que desmantelan sistemáticamente el sistema de apoyo al campo.

Creación de la crisis del arroz en Filipinas

Que la crisis global de alimentos se origina en la restructuración de la agricultura por el libre mercado resulta más claro en el caso del arroz. A diferencia del maíz, menos de 10 por ciento de la producción mundial de arroz se comercializa. Además, en el arroz no ha habido desviación del consumo hacia los biocombustibles. Sin embargo, en este solo año los precios se han triplicado, de 380 dólares por tonelada en enero a más de mil dólares en abril. Sin duda, la inflación deriva en parte de la especulación de los cárteles mayoristas en una época de existencias escasas. Sin embargo, el mayor misterio es por qué varios países consumidores de arroz que eran autosuficientes se han vuelto severamente dependientes de las importaciones.

Filipinas ofrece un triste ejemplo de cómo la restructuración económica neoliberal transforma un país de exportador neto a importador neto de alimentos. Es el mayor importador mundial de arroz. El esfuerzo de Manila por asegurarse provisiones a cualquier precio se ha vuelto nota de primera plana, y las fotos de soldados que resguardan la distribución del cereal en comunidades pobres se ha vuelto emblemática de la crisis global.

Los trazos generales de la historia de Filpinas son similares a los de México. El dictador Ferdinando Marcos fue culpable de muchos crímenes y malos manejos, entre ellos no llevar adelante la reforma agraria, pero no se le puede acusar de privar al sector agrícola de fondos gubernamentales. Para paliar el descontento de los campesinos, el régimen les otorgó fertilizantes y semillas subsidiadas, impulsó mecanismos de crédito y construyó infraestructura rural. Durante los 14 años de su dictadura, sólo en uno, 1973, se tuvo que importar arroz debido al extenso daño causado por tifones. Cuando Marcos huyó del país, en 1986, había 900 mil toneladas métricas de arroz en los almacenes del gobierno.

Paradójicamente, los siguientes años de gobierno democrático vieron encogerse la capacidad de inversión gubernamental. El BM y el FMI, actuando por cuenta de acreedores internacionales, presionaron al gobierno de Corazón Aquino para que diera prioridad al pago de la deuda externa, que ascendía a 26 mil millones de dólares. Aquino accedió, aunque los economistas de su país le advirtieron que sería “inútil buscar un programa de recuperación que sea consistente con el pago de la deuda fijado por nuestros acreedores”.

Entre 1986 y 1993, entre 8 y 10 por ciento del PIB salió de Filipinas cada año en pagos del servicio de la deuda. Los pagos de intereses en proporción al gasto gubernamental se elevaron de 7 por ciento en 1980 a 28 por ciento en 1994; los gastos de capital cayeron de 26 a 16 por ciento. En suma, el servicio de la deuda se volvió la prioridad del presupuesto nacional.

El gasto en agricultura cayó a menos de la mitad. El BM y sus acólitos locales no se preocupaban, porque un propósito del apretamiento del cinturón era dejar que el sector privado invirtiera en el campo. Pero la capacidad agrícola se erosionó con rapidez, el riego se estancó, y hacia finales de la década de 1990 sólo 19 por ciento de la red caminera del país estaba pavimentada, contra 82 por ciento en Tailandia y 75 por ciento en Malasia. Las cosechas eran anémicas en general; el rendimiento promedio de arroz era de 2.8 toneladas por hectárea, muy debajo de los de China, Vietnam y Tailandia, donde los gobiernos promovían activamente la producción rural. La reforma agraria languideció en la era posterior a Marcos, privada de fondos para servicios de apoyo, que habían sido la clave para las exitosas reformas de Taiwán y Corea del Sur.

Como en México, los campesinos filipinos enfrentaron la retirada en gran escala del Estado como proveedor de apoyo. Y el recorte en programas agrícolas fue seguido por la liberalización comercial; la entrada de Filipinas en la Organización Mundial de Comercio (OMC) tuvo igual efecto que la firma del TLCAN para México. La membresía en la OMC requería eliminar cuotas en las importaciones agrícolas excepto arroz, y permitir que cierta cantidad de cada producto ingresara con bajos aranceles. Si bien se permitió al país mantener una cuota en importaciones de arroz, tuvo que admitir el equivalente a entre uno y 4 por ciento del consumo doméstico en los 10 años siguientes. De hecho, a causa del debilitamiento de la producción derivado de la falta de apoyo oficial, el gobierno importó mucho más que eso para compensar una posible escasez. Esas importaciones, que se elevaron de 263 mil toneladas en 1995 a 2.1 millones en 1998, deprimieron el precio del cereal, lo cual desalentó a los productores y mantuvo la producción a una tasa muy menor a la de los dos principales proveedores del país, Tailandia y Vietnam.

Las consecuencias del ingreso de Filipinas a la OMC barrieron con el resto de la agricultura como un tifón. Ante la invasión de importaciones baratas de maíz, los campesinos redujeron la tierra dedicada a ese cultivo de 3.1 millones de hectáreas en 1993 a 2.5 millones en 2000. La importación masiva de piezas de pollo casi acabó con esa industria, en tanto el aumento de importaciones desestabilizó las de aves de corral, cerdo y vegetales.

Los economistas del gobierno prometieron que las pérdidas en maíz y otros cultivos tradicionales serían más que compensadas por la nueva industria exportadora de cultivos “de alto valor agregado” como flores, espárragos y brécoles. Poco de eso se materializó. El empleo agrícola cayó de 11.2 millones en 1994 a 10.8 millones en 2001.

El doble golpe del ajuste impuesto por el FMI y la liberalización comercial impuesta por la OMC hizo que una economía agrícola en buena medida autosuficiente se volviera dependiente de las importaciones y marginó constantemente a los agricultores. Fue un proceso cuyo dolor fue descrito por un negociador del gobierno filipino durante una sesión de la OMC en Ginebra: “Nuestros pequeños productores agrícolas son masacrados por la brutal injusticia del entorno del comercio internacional”.

La gran transformación

La experiencia de México y Filipinas se reprodujo en un país tras otro, sujetos a los manejos del FMI y la OMC. Un estudio de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 14 países descubrió que los niveles de importaciones agrícolas en 1995-98 excedieron los de 1990-94. No era sorprendente, puesto que uno de los principales objetivos del acuerdo agrícola de la OMC era abrir mercados en países en desarrollo para que absorbieran la producción excedente del norte.

Los apóstoles del libre mercado y los defensores del dumping parecieran estar en extremos opuestos del espectro, pero las políticas que propugnan producen el mismo resultado: una agricultura capitalista industrial globalizada. Los países en desarrollo se integran en un sistema en el que la producción de carne y grano para exportación está dominada por grandes granjas industrializadas como las manejadas por la trasnacional tailandesa CP, en las que la tecnología es mejorada continuamente por avances en ingeniería genética de firmas como Monsanto. Y la eliminación de barreras tarifarias y no tarifarias facilita un supermercado agrícola global de consumidores de elite y clase media, atendidos por corporaciones comercializadoras de granos como Cargill y Archer Daniels Midland, y minoristas trasnacionales de alimentos como la británica Tesco y la francesa Carrefour.

No se trata sólo de la erosión de la autosuficiencia alimentaria nacional o de la seguridad alimentaria, sino de lo que la africanista Deborah Bryce-son, de Oxford, llama la “descampesinación”, es decir, la supresión de un modo de producción para hacer del campo un sitio más apropiado para la acumulación intensiva de capital. Esta transformación es traumática para cientos de millones de personas, pues la producción campesina no es sólo una actividad económica: es un modo de vida milenario, una cultura, lo cual es una razón de que en India los campesinos desplazados o marginados hayan recurrido al suicidio. Se calcula que unos 15 mil campesinos indios han acabado con su vida. El derrumbe de precios por la liberalización comercial y la pérdida de control sobre las semillas ante las empresas de biotecnología son parte de un problema integral, señala Vandana Shiva, activista por la justicia global: “En la globalización, el campesino o campesina pierde su identidad social, cultural y económica de productor. Ahora un campesino es ‘consumidor’ de semillas y químicos caros que venden las poderosas corporaciones trasnacionales por conducto de poderosos latifundistas y agiotistas locales”.

* Versión reducida del artículo a publicarse en la edición de The Nation (Nueva York) el 2 de junio. Se reproduce con permiso del autor.

** Walden Bello es analista y ex director ejecutivo del instituto de investigación y activismo Enfoque en el Sur Global, con sede en Bangkok.

Traducción: Jorge Anaya.

Calderón y el SME: La guerra por la fibra óptica

11 de octubre de 2009

Noticias | Nacional

ROSALíA VERGARA

Proceso http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=73054

enlace sugerido por E. Abaroa

El gobierno del presidente Felipe Calderón, por medio de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, pretende acabar con Luz y Fuerza del Centro para privatizarla y apropiarse de una red de más de mil kilómetros de fibra óptica, infraestructura que utilizaría para realizar negocios multimillonarios con los colosos de las telecomunicaciones. Este es, asegura a Proceso el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, el trasfondo del conflicto, en apariencia laboral-sindical, que ha llevado al gobierno calderonista a intentar destruir a esa organización.

Detrás del embate del gobierno de Felipe Calderón contra el grupo sindical representado por Martín Esparza Flores -a quien el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, negó la toma de nota como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)- se encuentra la disputa por la concesión de la red de mil 100 kilómetros de fibra óptica, propiedad de Luz y Fuerza del Centro, para instalar operar y explotar un sistema de telecomunicaciones.

Así lo asegura en entrevista con Proceso el líder sindical y añade que con ese fin, en julio de 1999 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a dirigida entonces por Carlos Ruiz Sacristán, le otorgó a la empresa WL Comunicaciones S.A. de C.V. la concesión mediante el acuerdo P/161299/0673.

En mayo del año siguiente se formalizó el título que garantizaba a esta compañía de origen español -cuyos socios mayoritarios son los exsecretarios de Energía Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens- la posibilidad de operar la red por un plazo de 30 años, susceptible de ampliación.

Desde 2000 el convenio ha sufrido modificaciones y se aplazó en tres ocasiones: en 2003, en 2005 y en 2007. Finalmente se decidió que el 16 de mayo de 2008 comenzarían los trabajos para la instalación de la red, pero el SME impidió la realización de las obras.

Esparza comenta que el pasado 30 de junio el director de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Jorge Gutiérrez Vera, y él, en su carácter de secretario general de SME, solicitaron a la SCT un título de concesión para operar la red de fibra óptica y ofrecer servicios de voz, audio y datos -el llamado Triple Play- para entrar de lleno en el negocio de las telecomunicaciones.

Asegura que a partir de esa fecha la dependencia tendría que haber respondido en dos o tres meses, pues cumplieron con los 40 requisitos exigidos para otorgar un título de esta naturaleza. Para respaldar su solicitud, dice, presentaron un estudio elaborado por el despacho De la Huerta y Weihouse, en el que se demuestra que LFC cuenta con capacidad para operar la red.

El documento, precisa Esparza, propone un plan de negocios para ofrecer el servicio Power Line Communications (PLC) que posibilita la transmisión de voz y datos a través de cualquier línea eléctrica doméstica o de baja tensión. Esta tecnología se basa en un módem conectado a cualquier enchufe que permite, por ejemplo, el acceso a internet de alta velocidad.

De acuerdo con el dirigente sindical, la utilización de este sistema con la infraestructura de LFC abarataría el costo de esos servicios, con lo que LFC y el SME se convertirían en una competencia real para Telmex o Cablevisión.

Sin embargo, afirma, esta iniciativa provocó la molestia de Canales Clariond y de Martens; del exprocurador panista Antonio Lozano Gracia; del exsecretario de Enlace de la Secretaría de Gobernación, Armando Salinas Torre, y de Salvador Canales, quienes exigen al gobierno que cumpla con el convenio validado por la SCT en 2000, para lo cual contrataron al bufete jurídico Fernández de Cevallos y Alba S.C.

Todos ellos tienen intereses en el caso, sostiene Esparza.

-¿Cómo puede estar seguro de ello? -se le pregunta.

-Lo sé porque en abril pasado el director de Luz y Fuerza y yo nos reunimos con estas personas. Salinas Torre es quien llevaba la representación del despacho de Diego Fernández de Cevallos.

Este es un extracto del reportaje que se publica en la edición 1719 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo11 de octubre.

Ministerio de la culpa

DAVID TRUEBA 03/10/2009

El País

http://www.elpais.com/articulo/portada/Ministerio/Culpa/elpepuculbab/20091003elpbabpor_28/Tes

enlace propuesto por Antonio Fernández Ros

Siempre se ha sospechado que la relación entre el Estado y la cultura está basada en el sentimiento de culpa. En una ecuación tan sencilla como ésta: como los mecanismos de educación y de organización social desarrollados por los poderes políticos han sido incapaces de dar lugar a una sociedad poblada por ciudadanos que hagan, pongamos por ejemplo, vivir a Velázquez o Goya de su talento, el Gobierno decidió compensar ese vacío y ocuparse de la cultura. Por supuesto que cuando uno escucha la palabra cultura tiene la tentación de echar a correr y no parar hasta el mar, porque bajo ese paraguas ya no cabe más gente. El paso final de ese sentimiento de culpa es seguramente la creación de los ministerios de Cultura, que podrían llamarse, con mayor sinceridad, ministerios de la Culpa. Parece razonable pensar que si no fuera por el Estado hace mucho tiempo que el Museo del Prado habría sido abandonado a las ratas, la catedral de Burgos hoy sería un conjunto de adosados y el acueducto de Segovia, un intercambiador de autobuses. Pero alguien se dio cuenta de que un grabado de Goya o el Quijote de Cervantes o un poema de Lorca son, por más vueltas que le demos, las grandes riquezas de un país. Parece mentira, porque lo normal sería que una gran potencia bombardeara a otra para quitarle la autoría de Las mil y una noches y no el petróleo o arrebatarle la nacionalidad de las películas de Lubitsch en lugar de un islote estratégico. Pero no es así.

La trayectoria vital de los más grandes artistas de nuestro país nos demuestra que la cárcel, el fusilamiento, la tortura, el exilio y el desamparo son condiciones que se han venido repitiendo durante siglos. Fue tal la dedicación por hacerle la vida imposible a cualquier genio, que hasta llegó a parecer una condición indispensable para serlo. No tardó en llegar el artista farsante, que invirtió los términos, y le bastaba con sufrir el rechazo para justificar su inédita genialidad. El artista quejica sería más o menos como el aficionado al fútbol que desde el sofá de su casa siempre cree que regatearía mucho mejor que Messi. Si algo nos ha enseñado el mundo es que el talento puede desarrollarse hasta en las peores condiciones, lo que no significa que haya que fomentar la censura, la persecución del creador o su lapidación pública. Como decía el maestro Azcona, eso sería tan imbécil como sostener que para que un tipo produzca buenos espermatozoides sería bueno darle de martillazos en los genitales.

El papel del Estado como madraza del arte se ha consolidado en los últimos cincuenta años y no hay Gobierno, por cutre y represor que sea, que no dedique una partida presupuestaria a la danza, el cine, el teatro, la edición de libros y revistas, la ópera, la música clásica, los conciertos de pop, la recuperación del folclore, el sostenimiento del patrimonio y, por supuesto, al ensalce de su pinacoteca nacional. ¿Por qué lo hace? Por sentimiento de culpa.

Lo normal, lo sano, sería que el Estado se preocupara de la salud de sus ciudadanos, de su educación, de la red viaria, del buen estado de los alimentos y del alcantarillado, y que dejara a cada uno decidir si prefiere a la caída de la tarde divertirse con una comedia teatral o con un drama operístico, ir a ver una zarzuela o la exposición de un nuevo artista conceptual. El propio consumo de los ciudadanos permitiría sostenerse a cualquier industria cultural. De este modo un rockero no necesitaría actuar bajo contrato de los ayuntamientos ni un cineasta procurarse una ayuda económica ni un autor teatral intentar colocar su texto en alguna sala pública o un artista plástico vender su obra a museos. Todo ello, formas más o menos zafias de subvención del Estado o, como mínimo, reconozcámoslo, del Estado como contratista principal.

Cualquier persona inteligente podría alegar que también el Estado encarga autopistas, plazas y planes urbanísticos a empresas de la construcción, sin que por ello los delineantes o los aparejadores sean acusados de subvencionados ni paniaguados. No hace falta darle muchas vueltas para concluir que el verdadero mecenazgo del Estado se ha volcado con las grandes empresas constructoras y éstas nos han honrado con sus creaciones al día de hoy incomprendidas.

A cambio de su ímpetu por corregir la ausencia de pasión cultural de la gran mayoría de la población, el Estado se reserva la explotación de sus orgullos artísticos. Nos recuerda, para nuestra tristeza, todas aquellas cosas que no sobrevivirían sin sus desvelos. En estos casos de ensalzamiento siempre se decanta por el repertorio y el artista muerto. El artista muerto ya no hace declaraciones ni se caga en nadie, ya no se comporta mal ni eructa en el cóctel. El artista muerto puede que fuera una incómoda mosca cojonera en vida, pero muerto y enterrado lo convertimos en ejemplar padre de familia y modelo de civismo y hasta le borramos el cigarrillo de la comisura de los labios. El artista muerto no da un ruido.

Si uno mira con atención a las grandes autoridades que visitan una exposición o una nueva muestra cultural, se dará cuenta del alivio que transpiran. Se están quitando un peso de encima. Uf, por fin podemos justificar el resto de nuestros desmanes, de nuestras incapacidades, mirad, mirad lo que os hemos traído aquí. Suena como el sello de las grandes empresas en tantos patrocinios, algo así como la limosna al salir de misa en versión siglo XXI.

El artista tampoco está libre de la culpa y, si es inteligente, agradece al Estado su desvelo por proteger un oficio que de otra manera quizá estaría destinado a la marginalidad y la penuria. Alza su voz crítica, sí, pero casi siempre contra los políticos, que son las únicas personas con las que alguien se puede meter sin que le pase absolutamente nada. No se le ocurre morder a las grandes empresas ni a los gigantes mediáticos ni a los ejecutivos de las televisiones ni a nadie que tenga verdadero poder. Se dedica a clamar contra los grandes males de la humanidad: el hambre, las enfermedades, la pobreza, el cambio climático, como si alguien ahí fuera pudiera estar en contra de tan píos deseos. Se lava la culpa con un método indoloro.

Las buenas causas son un complemento prêt-à-porter, una compañera de baile. Remover conciencias como se remueve el ColaCao. El artista como monja. El artista como el niño que agita la hucha del Domund. Cuanto más guarra y sexy es una actriz o una modelo más le gusta abrazarse a los niños desnutridos de África. Cuanto más dinero gana un cantante con canciones deliciosamente bobas, más necesita recordar que contribuye con un porcentaje de sus ganancias a la vacuna contra lo que sea. Es el éxito con sentimiento de culpa. No lo neguemos, sin sentimiento de culpa estaríamos verdaderamente fastidiados.

Ahora bien, lavar la culpa es sólo un ejercicio de maquillaje, cosmética para salir del paso. La verdadera política cultural tiene una pregunta que hacerse: ¿por qué la sociedad no garantiza la supervivencia del arte, de la inteligencia, de la sensibilidad? Y si encuentra las razones, trabajar sobre el origen del desastre. Entonces ya no hablaríamos de culpa y disimulo, sino de esfuerzo, de cambio, de futuro.

Educación y ciencia van en picada: Narro

http://www.eluniversal.com.mx/primera/33750.html Nurit Martínez y Juan Arvizu El Universal enlace propuesto por E. Abaroa

Sábado 10 de octubre de 2009

El rector de la UNAM, José Narro, advirtió ante legisladores priístas que la educación, la ciencia y la tecnología en nuestro país se encuentran en picada, cada vez con un nivel de rezago mayor, por lo que un recorte al presupuesto para la enseñanza superior será un “error histórico”

politica@eluniversal.com.mxEl rector de la UNAM, José Narro, advirtió ante legisladores priístas que la educación, la ciencia y la tecnología en nuestro país se encuentran en picada, cada vez con un nivel de rezago mayor, por lo que un recorte al presupuesto para la enseñanza superior será un “error histórico” que las próximas generaciones reclamarán con razón. Señaló que en un escenario de crisis como el que se vive actualmente, estas tres materias deben ser clave para elevar la productividad y el crecimiento económicos de México. A unos días de que los rectores de las universidades públicas del país soliciten un monto específico para resarcir el recorte presupuestal de 6.2% planteado por el Ejecutivo para la educación superior, Narro pidió a diputados priístas su intervención, ante quienes aceptó el gran retraso que existe en los rubros mencionados. Alertó que comenzamos a rezagarnos en comparación con otras naciones de América Latina como Colombia, Perú, Chile y Argentina. En su opinión, el actual modelo de desarrollo “ya no da resultados” ni en el terreno económico ni en el social, por lo que es momento de abrir un debate sobre las prioridades nacionales y estrategias para atenderlas. Narro Robles destacó que el país también ha perdido competitividad a nivel mundial. Por ejemplo, citó que nos ubicamos en el último lugar de inversión en ciencia y tecnología en una lista de los 31 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al asignar sólo 0.46% del PIB, mientras que Suecia y Finlandia gastan 3.67% y 3.47%, respectivamente. Abundó que lo anterior se traduce en una cantidad reducida de científicos. Explicó que a México le llevará 33 años cumplir con la meta fijada para el año 2012 de invertir 1% del PIB en ciencia y tecnología, y deberán pasar casi 40 años para el mismo porcentaje en educación superior. En materia de oportunidades educativas para los jóvenes que desean ingresar a las universidades, Narro respaldó con cifras la caída del país en el escenario latinoamericano. Dijo que los problemas del sistema universitario siguen siendo la “inequidad, la heterogeneidad de la calidad y la ausencia de una política de financiamiento con visión de Estado”. Comentó que Colombia y Perú han desarrollado estrategias de incorporación a un mayor número de jóvenes dentro de las universidades, y en este momento ya superan a México, lo mismo que Chile, Canadá y Argentina. (Con información de Andrea Merlos)

¡No! ¡Cédula de identidad no! Alvaro Cueva

enlace sugerido por J. Cruzvillegas

(me disculpo de antemano por sugerir un artículo propiamente de espectáculos, este autor se especializa más bien en opinar sobre telenovelas, pero considero que resulta útil  para conocer el pulso de la opinión pública en general sobre el tema)

Milenio 2 de agosto de 2009.  http://impreso.milenio.com/node/8617790

Qué tiene Felipe Calderón en la cabeza? ¿Quiere pasar a la historia como el Presidente más impopular de todos los tiempos? ¿Está recibiendo órdenes de alguna entidad siniestra que lo obliga a cometer errores?

¿Está desesperado por impedir que otro partido llegue a Los Pinos en 2012? ¿No tiene en qué tirar el dinero? ¿Le urge terminar de aterrorizar a la población?

Su anuncio de que va a haber una cédula de identidad para todos los mexicanos es una de las cosas más monstruosas que se le pudo haber ocurrido.

Y, peor, porque se supone que este maravilloso instrumento se va a sacar por nuestra seguridad.

Explíqueme usted si esa bendita tarjeta va a impedir que en este momento entre un comando a su casa y lo secuestre con lujo de violencia.

Si ese documento va a evitar que lo agarren a balazos en la calle, si esa credencial lo va a defender de un asalto o si ese papel lo va a ayudar a sentirse mejor cuando lo estén golpeando, cuando lo estén violando o cuando le estén arrancando una parte del cuerpo.

No, por favor. Dígame que esto no es cierto, que esto no está pasando, que todo fue un mal sueño, que don Felipe se equivocó de discurso cuando hizo este anuncio.

Las cédulas de identidad sólo son propias de los gobiernos totalitarios, de los regímenes que quieren tener perpetuamente vigilada a la población para evitar que los desobedezcan.

Y no, no sirven para proteger, sirven para evidenciar la inseguridad de los gobernantes que saben que están haciendo tan mal su trabajo que temen que en cualquier momento aparezcan grupos que los derroquen.

Es horrible por donde quiera que se le analice, algo que definitivamente no queremos ni necesitamos en México.

No, y espérese, no estamos hablando de una cédula de identidad como las de los dictadores, estamos hablando de un papel peor porque, para obtenerlo, hay que dejar grabadas la voz, el iris y todas las huellas digitales.

¿Usted estaría de acuerdo en regalarle su voz a nuestras autoridades? ¿Para qué? ¿Para que se endulcen la oreja mientras esperan sus bonos sexenales? ¿Para que la manipulen y luego aparezcan grabaciones que lo comprometan en algo que usted ni siquiera imaginó?

¿Quién le garantiza a usted que los mecanismos tecnológicos a través de los cuales se obtengan esas grabaciones son perfectos y que jamás se van a cometer errores si hasta los bancos se equivocan a la hora de cobrar los intereses de sus créditos?

¡Y luego las huellas! ¿Usted le va a depositar sus huellas al gobierno? ¿Para qué? ¿Para que cualquier burócrata se meta a su cuenta bancaria, investigue y retire lo que quiera?

Si las bases de datos más insólitas de México se han comercializado en el mercado negro, ¿quién le garantiza a usted que no va a pasar lo mismo con nuestras huellas digitales?

¿Quién da más por las huellas de Carlos Slim? ¿Cuánto quiere por las huellas de Elba Esther Gordillo, las de Enrique Peña Nieto o las del mismo Felipe Calderón? ¡Que rolen las copias!

¿Sí se da cuenta de la gravedad de esto? Es una violación clarísima a nuestra privacidad, a nuestra identidad, a nuestros movimientos y a nuestras libertades.

Es espionaje, es tenernos vigilados de por vida, es como si usted o yo, nada más por ser mexicanos, fuéramos culpables de algo terrible.

Es tratarnos como no nos merecemos, algo que se tiene que discutir aunque suene más conmovedor ver a Nelson Vargas de gira artística por todos lados.

¿Hay alguien en este país que crea, sinceramente, que con la expedición de estas credenciales desaparecerá el crimen organizado?

¿Existe una persona que íntimamente justifique el gasto que todo este movimiento va a representar justo ahora que tenemos tantas necesidades?

¿Usted está de acuerdo? ¿Alguien le pidió su opinión? ¿Alguna institución puso a votación esta decisión tan delicada?

¿A usted no se le hace el colmo de la tramitología considerando que en este país tenemos que sacar acta de nacimiento, registro federal de causantes, clave única de registro de población, credencial para votar con fotografía, licencia para conducir, pasaporte, cédula profesional, firma electrónica ante Hacienda y un montón de documentos más para demostrar, a cada rato, que somos quienes somos?

¿Qué tiene Felipe Calderón en la cabeza? ¿Por qué está haciendo estas cosas? ¡Por qué!

¡Atrévase a opinar!

Espacio público, invasión privada. Daniel Gershenson

enlace sugerido por J. Cruzvillegas

El universal, 27 de septiembre de 2009 http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/45760.html

En las ciudades y carreteras de México se libra hoy una guerra sorda y desigual, de efectos perniciosos y consecuencias impredecibles para el equilibrio ambiental y la salud de millones de mexicanos. Es un salvaje conflicto de escaramuzas y batallas sin cuartel, con ejércitos de leñadores que trabajan a escondidas en las madrugadas o días festivos. De seguir su curso, estaremos condenados a padecer las peores consecuencias de las agresiones que actores privados inflingen contra la naturaleza.

La toma por asalto de espacios, y su aseguramiento impune y permanente para fines personales no es cuestión reciente. A diario y bajo cualquier pretexto se colocan plumas de acceso, puestos, sitios o estaciones improvisadas de transporte público para impedir la movilidad. Muchos de estos objetos aparentan cumplir supuestas funciones específicas como el reciclaje de baterías, cuando en realidad resultan ser estorbos gigantescos que sólo plasman las ‘virtudes’ de productos prescindibles. Constituyen una manera más barata de promover el consumismo, pero disfrazado de responsabilidad pública o corporativa.

Capítulo aparte merecen las empresas que desde hace años se dedican a colocar vallas, tapiales, anuncios espectaculares, envolventes y gigantografías en todos los rincones imaginables, y que someten a nuestras áreas verdes a salvajes cirugías. La devastación de bosques, parques, jardines, y árboles gigantes se realiza descaradamente, y sin que autoridad alguna —cómplice u omisa— se atreva a mover un dedo.

Aparecen estas estructuras por doquier: afrentas descaradas contra nuestro patrimonio ecológico y el más elemental sentido común. Mensajes brutalmente cruzados en estos tiempos de emergencia por calentamiento global, desarrollo incontrolable, escasez estacional de agua e inundaciones fuera de control por la pérdida masiva del arbolado en la periferia.

Tanto para esta industria como para el gobierno, nuestros árboles parecen ser redundantes. Contradicción evidente, la que entraña pregonar la responsabilidad social con anuncios que se esmeran en demostrar lo contrario. Para los publicistas que participan en este juego, el único incentivo es devastar hasta que no quede una sola especie en pie, ‘obstaculizando’ la exhibición inagotable de productos que son su eje y razón de ser.

Lo que empezó siendo práctica vergonzosa, aislada y al menudeo ya devino en tsunami permanente, gracias a la voracidad de funcionarios públicos y partidos políticos. La Ciudad de México, y la nación en su conjunto, se convierten en atroz cementerio de troncos descortezados, muñones, árboles secos o agonizantes y siempre: a un lado, atrás, arriba o entre estos cadáveres vivientes, esta fauna metálica que parece provenir de otro planeta.

No importan ejemplos de ciudades como Sao Paulo, donde en 2006 su Alcalde Gilberto Kassab supo enfrentar exitosamente las amenazas al entorno de valleros y anunciantes, gracias al Programa ‘Cidade Libre‘. Aquí en México, el patrimonio del medio ambiente no es tema de preocupación general. Más bien, el interés es participar en el negocio, y facilitar la debacle ecológica permitiendo que ésta se consume sin contratiempos.

La única ley que se cumple es la competencia por la atención irrestricta de espectadores cautivos, quienes desde sus autos o transporte público pueden mirar los productos que se anuncian de forma cada vez más agresiva, a cientos de metros de distancia. Su irrupción en las ciudades, pueblos y carreteras dice mucho sobre el destino compartido que nos alcanzó.

Las grandes decisiones de rediseño en las ciudades están siendo emprendidas por cuadrillas de delincuentes ambientales, ajenas al escrutinio público. Los consorcios agrupados en dos organismos copulares: AMPE y AMURMEX, conocen la gravedad del problema, pero prefieren seguir mutilando árboles frente a nuestras narices. Los dueños de propiedades donde se erigen las estructuras escurren el bulto. El sector publicitario no repara en el inmenso daño a su imagen, y comparte responsabilidades intransferibles.

Lo que nadie puede rebatir a estas alturas, es la índole fatal de estas prácticas y costumbres. Los resultados saltan a la vista: frente a nosotros se fraguan desastres que cubren como una plaga a México y otros países; que desertifican nuestras urbes y zonas verdes, y desfiguran su complexión. Los empresas que instalan espectaculares no son las únicas culpables, pero sí las más descaradas y visibles. De autoridades que sepan asumir su compromiso prioritario con el interés público, y de nosotros mismos, depende remediar la situación. El tiempo apremia, y se acaban las opciones.

Cédula de identidad ciudadana

debate.com.mx | Ernesto Villanueva | Actualizado: 31/08/2009 6:13:00

enlace sugerido por Ricardo Atl

ver en su sitio original aquí.

De unas semanas a la fecha, la Secretaría de Gobernación ha venido promoviendo el cumplimiento del artículo 97 de la Ley General de Población relativo a la creación de la cédula de identidad ciudadana. Nadie en su sano juicio podría estar en contra de que se cumpla con la ley, empero llama la atención la premura del gobierno calderonista por cumplir una disposición nacida en 1990, con mayores datos de identificación que los básicos considerados en el artículo 107 de la ley de referencia. Estoy convencido de que la emisión de esta cédula tiene muchísimos más riesgos que beneficios para la sociedad mexicana, a la luz de los siguientes elementos:

Primero. Es cierto que la Cédula de Identidad Ciudadana debe ser expedida por la Secretaría de Gobernación de acuerdo al artículo 97 la Ley General de Población. Ello es entendible por el momento histórico en que esa Ley fue aprobada. El presidencialismo, la invasión del Ejecutivo sobre los otros poderes y la ausencia de debates serios sobre derecho informático y protección de datos personales tenían carta de naturalización. ¿Hoy en el siglo XXI alguien confiaría en la imparcialidad de Gobernación para integrar, manejar y controlar los datos más íntimos de las personas? No lo creo.

Segundo. En México no se ha aprobado todavía una Ley Federal de Protección de Datos Personales que regule, observando las mejores prácticas internacionales, el derecho a la vida privada y el grado razonable y necesario de intrusión en este derecho humano por parte del Estado. La falta de una ley impide saber la finalidad del uso y destino del cúmulo de datos que se pretende tenga la Cédula, entre ellos los biométricos. Qué bueno que se haya pensado que una cédula con estas características brinde certeza sobre la identidad y acote los casos de suplantación. y homonimias . El problema es que, en las actuales circunstancias, no hay ninguna garantía de que la información contenida en la Cédula en cuestión no sea utilizada con fines ajenos para los que debería ser elaborada. Por lo anterior existen razones para pensar que puede tener un uso para fines políticos, de seguridad o fiscales, generando una afectación abusiva en el derecho a la vida privada de los mexicanos, haciendo no un Estado de cristal, sino numerificando a la persona, haciendo que el acceso a la información no sea para que el Estado rinda cuentas, sino para que los gobernados se despojen de sus espacios de intimidad.

Tercero. En la experiencia internacional el tema de la cédula de identidad ha sido una cuestión sujeta a debate, que ha ido desde la fortaleza del Estado de derecho, de la amplia cultura jurídica y de la activa participación cívica como en Alemania, Bélgica o Francia donde carecen de datos biométricos o, de plano, se han llegado a prohibir constitucionalmente números únicos, como el caso de Portugal, según lo prescribe el artículo 35, numeral 3 de su Constitución. En la exposición de motivos de la Constitución de 1976 se concluía que los derechos a la vida privada y a la dignidad humana podrían ser menoscabados por un número único de identidad, como ahora en México se pretende. El problema en México es que en el país no se cuenta con ninguna de las garantías efectivas, que sí existen en las democracias desarrolladas. Cabe añadir también que hoy sólo existen pasaportes biométricos, no cédulas de identidad que contienen datos menos intrusivos al derecho a la vida privada.

Cuarto. El uso de la credencial para votar como mecanismo de identificación no es la solución ideal; ha sido un mecanismo remedial que, sin duda, tiene oportunidades de mejora. Si se cuenta con 3 mil millones para ese efecto uno se pregunatría por qué no se invierten en transformar la credencial para votar en la cédula de identidad ciudadana, dejando esta tarea al IFE no sólo es una institución del Estado, sino que tiene experiencia en estos ejercicios y, lo más importante, su naturaleza colegiada permite mayores garantías de seguridad que dejar esta tarea a la Secretaría de Gobernación. Para ello habría que realizar una pequeña reforma a la Ley General de Población e impulsar una Ley de Protección de Datos Personales. Es absurdo por otro lado mantener la credencial para votar y la cédula de identidad ciudadana, como si fueran cuotas políticas afectando en esa hipótesis los bolsillos de los mexicanos. Del mismo modo, la intervención del IFAI en el proceso de creación de la cédula, no es garantía de nada, pues, como se sabe, ese organismo carece de autonomía y forma parte de la Administración Pública Federal.

En todo caso ante la ponderación de derechos, yo prefiero la libertad y los remedios actuales de la credencial para votar que la seguridad invasiva en perjuicio del gobernado.

Ernestovillanueva.blogspot.com

Informe de entrevistas con diputados y funcionarios sobre los recortes

Contribución de E.Abaroa,

Lo que sigue es el reporte de las comisiones de trabajo que se acordaron en la Librería Conejo Blanco con el tema de los recortes. La convocatoria para esta reunión apareció en la resolucion garra como contribución de Daniel Guzmán. Según conversaciones que he tenido con personas directamente involucradas, el ruido, o la “histeria” como lo llamó el Universal, frenaron algunas de las acciones que se querían imponer en los museos. Las autoridades minimizaron el problema como un malentendido o un error de comunicación.

E.A.

A continuación los reportes que se publicaron en la página de facebook MAS CULTURA de Mónica Mayer y Victor Lerma, quienes fueron parte de los grupos de trabajo que se organizaron en Conejo Blanco esa noche.

Estimados amigos:

A continuación les anexo tres reportes de las reuniones que han tenido las comisiones de enlace con diversas autoridades en función de la carta que muchos de Uds. firmaron en contra del recorte al presupuesto a cultura.

Quienes enviaron un correo diciendo que querían participar en comisiones ya deben haber recibido información sobre las comisiones que se han propuesto. Si no es el caso, por favor envíenme un correo a pintomiraya@yahoo.com.

1.- INFORME DE REUNIÓN CON DIPUTADOS

El jueves 20 de agosto la comisión de enlace integrada por Cuauhtémoc Medina, Pilar Villela y Mónica Mayer fueron a la Cámara de Diputados a una reunión con José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, entonces Presidente de la Comisión de Cultura de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados de la República a la cuál también asistieron los diputados Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, la Diputada María Elena de las Nieves Noriego Blanco Vigil y la Diputada Aurora Cervantez Rodríguez. A partir de nuestra carta, decidieron meter un punto en el libro blanco que dice lo siguiente:

FORTALECIMIENTO EN LA VINCULACIÓN SOCIAL DEL INBAL CON PROMOTORES Y CREADORES CULTURALES DEL PAIS:

Concordante con la meta de recuperar el espíritu de cobertura nacional que dio origen a la creación del INBAL, consideramos que la Comisión de Cultura tiene ante sí la oportunidad de coadyuvar en la construcción de una relación respetuosa y constructiva entre la comunidad de creadores y promotores culturales del país y las autoridades de la institución.

2.- INFORME CON EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE CULTURA DEL SENADO.

El 24 de agosto, la comisión de enlace integrada por Irving Domínguez, Francisco Reyes Palma y Víctor Lerma se reunió con el Lic. Federico Urtaza, secretario de la Comisión de cultura en el Senado de la República para intercambiar puntos de vista en torno a la actual crisis económica y las medidas de austeridad que afectan a los museos del sector público.

Dicha comisión insistió en su postura irreductible de que los magros presupuestos del arte y la cultura, de la educación en todos sus niveles, de la investigación científica y del gasto social se mantengan sin recorte alguno. Asimismo se reiteró la importancia de ampliar la autonomía de gestión en los espacios dedicados al arte y la cultura en sus acepciones públicas, privadas o independientes.

Entre los distintos acuerdos sobresale el planteamiento de que la Comisión de Cultura del Senado de la República buscaría las condiciones, en fecha muy próxima (Septiembre 2009), para llevar a cabo una amplia reunión sobre aspectos urgentes de la política cultural en el país, y de manera particular la problemática de los museos. Reunión en la cual los legisladores convocarían a las autoridades del CNCA y del INBAL, a los directores de museo del referido Instituto, así como a una representación del sector de la comunidad artística y cultural del cual formamos parte, que incluiría también a integrantes de la iniciativa cultural privada.

Cabe señalar asimismo que esta reunión estaría relacionada con la aprobación del ejercicio presupuestal de las instituciones de cultura en el año 2010.

3.- INFORME DE LA REUNIÓN SOSTENIDA CON TERESA VICENCIO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

En representación de un grupo de trabajadores del arte y la cultura, la Comisión de Enlace (CE) integrada por Pilar Villela, Angélica Ablelleyra, Mónica Mayer y Francisco Reyes Palma mantuvo un intercambio de puntos de vista con la titular del INBA y otros funcionarios del instituto, respecto de la actual crisis económica y las medidas de recorte presupuestal que afectan al sector cultural en general y al de los museos del sector público en particular.

Los puntos planteados por parte de la CE fueron los siguientes:

–Un no rotundo al recorte presupuestal del sector de la Cultura, Educación y Arte, así como la exigencia al INBA de defender su partida presupuestal ante las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

–Explicación detallada sobre las áreas afectadas por los recortes presupuestarios en el INBA de manera general y el área de museos en particular.

–Urgencia de crear mecanismos de diálogo directo con las autoridades para evitar la suspicacia prevaleciente entre los miembros de la comunidad artística y las instancias culturales. Se subrayó la necesidad de establecer redes de intercambio fructífero y constante (no un mero asambleísmo) que ayuden a hacer transparente el manejo de información entre las partes, además de usar el capital intelectual y académico que muchos individuos y grupos pueden aportar en un deseable debate de la situación actual.

–Necesidad de que la institución respete la libertad de opinión de los profesionales de los museos y de otras instancias culturales que mantienen una postura crítica frente a las acciones institucionales, en aras de mejorar las áreas de producción, difusión, educación e investigación cultural y artística.

–Explicación de la situación que enfrenta el INBA ante la creciente contratación por honorarios (Capítulo 3000) en todas sus áreas, con la consecuente afectación en prestaciones laborales y de seguridad social para los trabajadores y colaboradores.

–Revisión de los mecanismos normativos del INBA que resultan obsoletos en la actualidad en varios rubros: a) fluidez en los mecanismos de contratación de profesionales para proyectos específicos; b) transparencia en la asignación de recursos de museos y otras instancias; c) mecanismos para allegarse recursos de la Iniciativa Privada.

–Atención especial al área de la educación artística desde la formación primaria, tan desatendida y desarticulada en los programas educativos en el presente.

Las respuestas de la titular del INBA se resumen a continuación:

• El INBA ha defendido ante la SHCP la asignación de recursos al sector y mantiene sin afectación alguna sus proyectos sustantivos, entre los que Vicencio resaltó las 60 exposiciones programadas al momento que asumió la dirección del INBA en el pasado mes de abril.

• Los recortes no fueron especificados pero la funcionaria explicó que las áreas donde se optimizarán recursos son operativas, como llamadas de larga distancia, gastos por consumo de luz, gasolina, mensajería, café, etc.

• Si bien aceptó “errores de comunicación interna” entre directores de museos, mismos que ocasionaron alarma en la comunidad por los recortes presupuestarios, planteó que el “universo de los museos” es complejo y que cada uno requiere un análisis particular de acuerdo a perfiles y experiencias de sus responsables. Afirmó sin embargo que todos los directores de museos han sido respetados en sus proyectos, sin observar hasta el momento ningún despido o renuncia.

• Respecto al punto de respetar la libertad de opinión de los profesionales de los museos y de otras instancias con cargos en el Instituto, señaló que implicaba un nivel de complejidad requerida de mayor análisis antes de un pronunciamiento. Además de plantear su respeto al profesionalismo y la autonomía de acción de los directores de museos, reconoció su enorme capital de experiencia que los destaca a escala nacional. Aceptó que también existen “áreas ciegas”, empero todo se encuentra en situación permanente de evaluación.

• Vicencio se mostró dispuesta a abrir canales de diálogo con la comunidad cultural y académica. La estructura y dinámica de los mismos podrán irse afinando pero aceptó como una modalidad posible la de mesas de trabajo en temas específicos.

En este rubro, el director del Museo de Arte Moderno, Osvaldo Sánchez, planteó su negativa a poner su programación a debate público pero aceptó la conveniencia de generar canales de comunicación para discutir cambios estructurales en las áreas culturales y artísticas del país.

Asimismo Vicencio planteó una reunión para informar del programa y presupuesto para el año de 2010. (Esta sería una primera modalidad de intercambio con la comunidad artística).

• Aceptó la creciente contratación por honorarios en diversas áreas del INBA como un “problema latente”, donde incluso existe un exceso en algunas áreas, pero indicó que esto opera con el fin de no acrecentar la planta burocrática y sí hacer eficientes los proyectos. Aclaró que dicho esquema está relacionado con un entorno externo de la administración pública (directrices de la SHCP) en el que no tiene atribuciones en ningún sentido, como el tema de seguridad laboral y social.

• Indicó que la normatividad del Instituto es un asunto que requiere un debate profundo y que cada aspecto deberá analizarse en casos específicos.

• Calificó las áreas de Educación y Formación Artística como sus prioridades, sujetas quizás al análisis en las mesas de trabajo a realizarse previsiblemente en el futuro.

Resta señalar que la reunión referida se realizó a partir del emplazamiento público a la titular del INBA durante la asamblea general realizada en la librería Conejo Blanco el pasado 13 de agosto del año en curso. Por su parte, Consuelo Sáizar, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, no ha respondido a la invitación de diálogo con la comunidad cultural. Cualquier respuesta de la funcionaria será informada en su momento para implementar las acciones conducentes.

Funcionarios presentes en la reunión con la CE:

–Teresa Vicencio (Directora General del INBA)
–Alejandra Peña (Subdirectora General de Patrimonio Artístico Inmueble del INBA)
–Magdalena Zavala (Coordinadora de Artes Plásticas del INBA)
–Osvaldo Sánchez (director del Museo de Arte Moderno)
–Tania Aedo (directora del Laboratorio Arte Alameda)

objetos perdidos

seleccion de Ignacio Perales

El Universal Domingo 06 de septiembre de 2009
andrea.merlos@eluniversal.com.mx
De 1993 a 2009, en la Cámara de Diputados se han perdido 7 mil 436 objetos y mobiliario adquiridos con recursos públicos y que de la noche a la mañana desparecieron de San Lázaro.

Los 7 mil 436 bienes que se reportan como faltantes estaban asignados a los grupos parlamentarios y, por ello, no se ejerció ninguna acción penal o administrativa, pues a los diputados federales se les respeta su fuero sobre cualquier anomalía.

Incluso, las autoridades internas admitieron que no pueden investigar qué pasó con los miles de bienes muebles perdidos.

“En consecuencia, para las direcciones generales de Asuntos Jurídicos y de Resguardo y Seguridad, así como para la Contraloría Interna de este órgano legislativo, resulta complejo y con un costo elevado realizar la investigación de los hechos y, en su caso, emitir el dictamen jurídico correspondiente o la resolución o acuerdo de archivo que igualmente proceda”, señaló.

Una larga lista

Entre los objetos perdidos hay teclados de computadora, bocinas, CPU, sillas, sillones tipo ejecutivo, libreros, sacapuntas eléctricos, mesas y escritorios, lámparas, cafeteras eléctricas, refrigeradores, purificadores de aire, televisores e impresoras.

“Con el propósito de coadyuvar a que se puedan dar de baja del Sistema de Inventarios los bienes pendientes de ubicar y aclarar, se llevó a cabo un análisis de la información y documentación de cada uno de los dichos bienes, así como de la normatividad que regula la administración de los bienes muebles”, señala el acta del Comité de Administración de la anterior legislatura, del día 29 de julio pasado.

Además de lo reportado como bienes perdidos, la Cámara de Diputados ha registrado 3 mil 923 faltantes menores como sacapuntas eléctricos, cargadores de celular, batería de no break o de celular, libros, cestos de basura, gatos hidráulicos o mecánicos, micrófonos, autoestéreos, refacciones, accesorios de cómputo y mouses, paquetería de software, patentes y regalías.

Costo sin estimar

Del total de las pérdidas —de las cuales no existe un estimado en dinero—, bancadas partidistas han repuesto 61; de ellos 15 son reguladores y 12 ventiladores.

La Dirección de Almacén, Proveeduría e Inventarios, de la subdirección de Inventarios, presentó el documento —del cual tiene una copia EL UNIVERSAL— titulado Bienes localizados y reincorporados al sistema de inventarios y en él detalló uno a uno los bienes desaparecidos.

Algunos se etiquetaron como bajas definitivas y otros, los menos, como parte de una enajenación o donación, pero estos últimos tampoco cumplieron las normas establecidas para dar de baja los objetos.

Seguridad vulnerable

Cada uno de los bienes de la Cámara —a excepción de la papelería— tiene una etiqueta con un número de serie que es revisado eventualmente por las autoridades de almacén y resguardo.

Por ejemplo, en la sala de prensa donde están colocados más de 50 lugares para representantes de los medios de comunicación, hay computadoras, sillas, archiveros, muebles y teléfonos que tienen un número de registro, y son verificados regularmente.

Sin embargo, a los diputados no se les revisa cuando salen en sus autos y si llevan algún aparato es difícil cuestionarlos.

Hay objetos como teclados, bocinas o teléfonos que bien podrían ser sacados de las instalaciones sin que nadie se dé cuenta, pero hay también escritorios, mesas, sillones ejecutivos, sillas secretariales o tubulares, impresoras, archiveros de madera, purificadores de aire, ventiladores de pedestal, libreros de madera, sofás, cafeteras eléctricas, faxes y máquinas de escribir que por su tamaño pudieron no ser vistos cuando fueron extraídos de las oficinas e instalaciones.